LA REFORMA LABORAL DEL PARTIDO POPULAR CUMPLE CINCO AÑOS PDF Imprimir Correo
Escrito por pcmadrid   
Domingo, 19 de Febrero de 2017 20:44

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Se ha cumplido, estos días de atrás, el quinto aniversario de la Reforma Laboral promulgada por el Gobierno del Partido Popular y es un buen momento para hacer un balance de la misma.

Toda reforma laboral que se se precie tiene como uno de los objetivos principales, o como único objetivo, la disminución del elevado desempleo que sufre nuestra sociedad y que es un mal endémico, estructural, de nuestra economía.

Un análisis de las reformas laborales nos proporciona una instantánea del estado de la lucha de clases en el momento de su promulgación.

Ahora bien, todas las reformas laborales hasta la fecha han sido, en mayor o menor medida, a favor del mundo de la empresa, atendiendo sus demandas y, claro está, en contra de los intereses del mundo del trabajo.

Así, dada la desorganización, debilidad y falta de conciencia de nuestra clase, las reformas laborales han caído siempre del lado del capital; lo que también nos proporciona información valiosa de la imposibilidad de conciliar los intereses del capital, de las empresas, y de la clase trabajadora en su conjunto. El capitalismo es ese juego de suma cero en el que lo que ganan los empresarios lo pierden los trabajadores.

Las características de la reforma laboral se pueden resumir del siguiente modo:

Bajada de las indemnizaciones por despido.

Aumento de los despedidos colectivos, vía expedientes de regulación de empleo (ERE).

Inaplicación de los Convenios Colectivos, con el consiguiente empeoramiento de las condiciones de trabajo.

Autorización para la realización de horas extraordinarias en los contratos a tiempo parcial.

Disminución de las causas para el despido objetivo, como por ejemplo la mala situación económica de la empresa o una previsión de reducción de beneficios.

Menoscabo de la Negociación Colectiva, por lo que se fomenta la libre actuación de la empresa, primándose la Negociación Colectiva en el ámbito de la empresa frente a la del sector, por lo que se facilita un descenso generalizado de los salarios y un debilitamiento del pape de los sindicatos.

Fin de la ultractividad de los Convenios Colectivos. Por lo que una vez finalizado el periodo de validez de éstos, la regulación viene dada por el menoscabado Estatuto de los Trabajadores.

El contrato indefinido de apoyo a emprendedores generaliza el despido libre con una menor indemnización durante los doce primeros meses.

La reforma laboral del Gobierno del Partido Popular ha tenido entre sus objetivos, lo cual ha satisfecho a la Patronal, facilitar herramientas para el despido. Sin embargo, no ha facilitado ningún tipo de herramienta o mecanismo que facilite la permanencia del trabajador en su puesto de trabajo o que haya supuesto una mejora para la inserción laboral de los desempleados, más allá de un trabajo muy precarizado y sin derechos.

Así, se han atendido las demandas de la Patronal  para afrontar la grave crisis económica, mediante la reducción de los costes de la gestión de la fuerza de trabajo en las empresas.

Las consecuencias de la reforma laboral del Partido Popular han sido:

Incremento de la contratación a tiempo parcial, no deseada por los trabajadores así contratados que desearían un contrato a jornada completa.

Descenso de los salarios como una vía de ajuste de las empresas, más allá de los despidos colectivos o individuales que ha realizado anteriormente. En este caso se chantajea a los trabajadores apuntando que si no se bajan los salarios habrá más despidos.

Sustitución de trabajadores con contrato laboral indefinido por trabajadores temporales que perciben, además, un salario muy inferior.

Prolongación involuntaria de la jornada laboral, especialmente en los trabajadores con contrato temporal a tiempo parcial, que ni son remuneradas, ni se cotizan a la Seguridad Social, a mayor gloria del empresario de turno.

Grave y alarmante descenso de las cotizaciones a la Seguridad Social debido, fundamentalmente, a la elevada contratación temporal y a los bajos salarios percibidos.

La reforma laboral del Gobierno del Partido Popular ha generado un modelo de empleo muy precario, mal remunerado y sin derechos que es insostenible en el tiempo, dada la precariedad, inestabilidad e incertidumbre que crea entre los trabajadores y trabajadoras.

El efecto más palmario de la reforma laboral, junto con los efectos de la crisis y la política económica seguida por el Gobierno para hacerla frente, dado el aumento de la precariedad en el empleo y el crecimiento de la pobreza es el incremento sin paliativos de la desigualdad social.

Así, el modelo de empleo del Gobierno del Partido Popular, del que tanto se vanaglorian y del que tanto presumen, es aquel que está presidido por una elevada tasa de temporalidad en las relaciones laborales; en el que se producen prolongaciones involuntarias de la jornada laboral, por parte del trabajador ya que no se cobran; un trabajo menos cualificado, que favorece la alta rotación del empleo; el incremento de los falsos trabajadores autónomos y una caída generalizada de los salarios.

El desempleo baja en términos estadísticos, pero es un empleo precarizado y una buena parte del descenso del desempleo viene dada por la disminución de la población activa.

El empleo precario y sin derechos no es más que el chantaje de las empresas a los desempleados.

 

Nuestras propuestas, como comunistas, deben ir encaminadas a la reversión del conjunto de las reformas laborales para que de una vez por todas se consideren los intereses de la clase trabajadora y, por tanto, los intereses de la mayoría de la sociedad.

El papel de la Administración Pública ha sido nefasto en el empleo. Desde la Administración General del Estado, pasando por Comunidades Autónomas, Diputaciones y municipios, han afrontado los recortes presupuestarios con despidos, no cubriendo bajas de personal y fomentando la externalización, subcontratación, de obras y servicios.

En este sentido, nuestra propuesta viene dada por la municipalización de servicios. Se trata, por una parte, de asegurar servicios a la población, y, por otra parte, de generar empleo estable, con derechos y mejores condiciones de trabajo a esos trabajadores y trabajadoras; además, de estar comprobada la rentabilidad económica y social de esta política de municipalizaciones de servicios, frente a la fuente de corrupción que, tal y como podemos comprobar a diario, se produce con las externalizaciones, subcontrataciones de obras y servicios.

Pero no sólo la municipalización de obras y servicios, si no que hay que explorar aquellas actividades con demanda social no están cubiertos por lo público, pero sí desde la iniciativa privada, obteniendo pingües beneficios y que, por su coste, sólo están al alcance de las personas con más recursos económicos. En este sentido, también se trata de luchar contra esa incipiente desigualdad social en nuestros municipios.

La contratación en las empresas debe ser causal, de tal manera que a un puesto de trabajo de estructura, fijo en la empresa, le corresponda un contrato de carácter indefinido. De este modo, la ocupación de esos puestos de trabajo a través de contratos temporales deberán ser considerados contratos en fraude de ley.

Las diversas figuras que exhibe la contratación temporal tienen que ser revisadas a fondo. Los contratos temporales deben ser la excepción en la ocupación de un puesto de trabajo en la empresa, por lo que su duración debe estar tasada de antemano, impidiendo su encadenamiento continuo y fijando unas indemnizaciones por despido que desincentive ese tipo de contratación.

Un exhaustivo control del tiempo de trabajo puede dar lugar al crecimiento del empleo. Esto es, las horas extraordinarias son precisamente eso, horas extraordinarias, por lo que deben estar fuertemente reguladas y no convertirse en una vía de fraude, tal y como sucede con una frecuencia excesiva en los contratos a tiempo parcial, por citar un sólo ejemplo, ni un modo de gestión “flexible” del tiempo de trabajo.

Se tienen que erigir una serie de mecanismos que permitan y garanticen la participación de los trabajadores y trabajadoras en la gestión de la empresa.

Así mismo, también deben ser tomados en consideración mecanismos que refuercen el papel de la representación legal de los trabajadores en la empresa, ampliándose los derechos de información y consulta.

La Negociación Colectiva debe ser reforzada como la garante de las condiciones de empleo y de trabajo en las empresas, así como la óptima articulación de esta en sus diferentes ámbitos, negociándose en cascada, del ámbito superior al inferior.

Dado el desempleo estructural existe una necesidad imperiosa de cambios en las políticas pasivas de empleo, de tal manera que se alcance una mayor cobertura y cuantía de las prestaciones por desempleo, en detrimento de las bonificaciones en las cuotas patronales a la Seguridad Social que perciben las empresas a la hora de contratar mano de obra.

Al igual sucede con las costosas políticas activas de empleo. Éstas deben ser repensadas con el objetivo de servir de ayuda de una vez por todas en la inserción laboral de los desempleados y desempleadas. Ese debe ser su objetivo y no otro.

La Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social tiene que ser potenciada, tanto en efectivos como en recursos de todo tipo. Es la Inspección, así como los Tribunales de lo Social y la representación legal de los trabajadores, la garante de la legalidad en los centros de trabajo en cuanto a normativa laboral se refiere.

En fin, se tiene que considerar la necesidad de redactar un nuevo Estatuto de los Trabajadores que garantice los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Ni más, ni menos.